El secretario general de Fenabanca, Cristian Guzmán, afirmó que el proceso de regularización del sector de bancas de lotería debe realizarse con criterios claros y una depuración previa, advirtiendo que una inscripción abierta podría vulnerar los derechos de quienes ya operan de manera legal. Según explicó, incluir nuevas bancas sin control afecta a los negocios que cumplen con las normativas y obligaciones fiscales.
Durante la entrevista, Guzmán recordó que en el año 2011 se realizó un proceso similar, en el que muchas bancas pasaron de la ilegalidad a la legalidad, adquiriendo derechos que, a su juicio, deben ser respetados en cualquier nuevo intento de organización del sector. En ese sentido, criticó que en procesos recientes se hayan inscrito bancas con direcciones inexistentes, lo que evidencia fallas en la verificación y control por parte de las autoridades.
Asimismo, señaló que el proceso de regularización debió ejecutarse desde 2022, pero su retraso ha permitido que la situación empeore, con un crecimiento acelerado de bancas irregulares. Guzmán indicó que, aunque no se cuenta con una cifra exacta, las bancas ilegales podrían quintuplicar a las legales, reflejando el nivel de desorden que afecta al sector.
El dirigente también explicó que, en muchos casos, las bancas operan sin cumplir el procedimiento correcto, que consiste en obtener primero el permiso antes de iniciar operaciones. Sin embargo, la práctica ha sido inversa, lo que ha contribuido al descontrol histórico que arrastra el sistema.
De igual forma, identificó otros problemas como la venta ambulante, la cual calificó como una actividad irregular que no paga impuestos y dificulta la supervisión, así como la competencia desleal en el pago de premios, donde algunos operadores ofrecen montos por encima de lo permitido, afectando la sostenibilidad del negocio.
Guzmán advirtió además que la facilidad para instalar nuevas bancas sin mayores controles evidencia debilidades en la fiscalización, permitiendo incluso la proliferación de estructuras improvisadas en distintos puntos del país sin respetar distancias ni regulaciones. En ese contexto, describió la situación como un escenario de “ley sin ley” y ausencia de régimen de consecuencias, donde las normas existen, pero no se aplican de manera efectiva.
Finalmente, consideró que el proceso de organización del sector debe incluir a todos los actores y cumplir con la normativa vigente, señalando que la falta de coordinación y la improvisación han impedido avanzar hacia una solución real a los problemas que afectan a las bancas de lotería en el país.